El auge del consumo colaborativo crece de manera constante en España y factores como éste son perfectamente aplicables en la Justicia. En ese ámbito se encuentra Demandamos, plataforma que gestiona la financiación de procesos judiciales de forma colectiva mediante pequeñas aportaciones económicas (micromecenazgo). Así, según destaca el director de esta iniciativa, Miguel Ángel Andrés Llamas, las demandas conjuntas permiten compartir todos los gastos de los procesos y eliminar el riesgo de condena en costas, además de agilizar la Justicia. Este abogado asegura que la implicación en el consumo legal colaborativo por parte de las personas afectadas acabaría con los deshaucios, una situación cuyos principales protagonistas son los bancos, entidades con una gran presencia en las causas judiciales en las que están implicados colectivos de personas.
¿De qué forma se os ocurrió la idea de llevar a cabo esta iniciativa?
La idea surge de forma natural como respuesta a un estado de cosas. La sociedad ha evolucionado y el mundo jurídico mantiene una estructura y funcionamiento decimonónicos. El ejercicio de la abogacía fue una experiencia muy útil para constatar una serie de disfunciones y necesidades sociales. El contexto también puso de su parte: la precariedad del trabajo por cuenta ajena, el boom del consumo colaborativo y una percepción generacional de que las cosas pueden hacerse de otra manera. Detrás de la idea hay un diagnóstico y una mirada atenta a la realidad.
[pull_quote_left]El auge del consumo colaborativo es reciente y supone una reacción a la sociofobia que tanto mal ha causado.[/pull_quote_left]
¿Qué beneficios aporta el consumo legal colaborativo?
El consumo legal colaborativo comporta los mismos beneficios que el consumo colaborativo en general pero intensificados por la peculiar naturaleza de los servicios jurídicos. Mejora la eficiencia y la equidad de la sociedad y también del servicio público de la Justicia. Cualquier persona sabe que las grandes empresas tienen un ejército de abogados que desequilibra la balanza de la Justicia. En cambio, los ciudadanos de a pie tienen los problemas compartidos, sobre todo en su condición de consumidores, y la mayoría de las veces incluso teniendo la ley de su lado no acuden a la Justicia por los costes que comporta (las tasas aún no han desaparecido del todo, hay que pagar abogado, procuradores, posibles condenas en costas, entre otras cosas). El resultado lo conocemos todos: rige la ley de la selva, la del más fuerte. Con el consumo colaborativo es posible reequilibrar la balanza de la Justicia: con pequeñas aportaciones individuales pueden compartirse todos los gastos de los procesos y, algo muy importante, eliminar el riesgo de condena en costas, ya que el dinero recaudado permite afrontar todas las eventualidades. Pensemos también en causas judiciales que siendo individuales encarnan un interés colectivo: la persona o la organización implicada puede financiar su pleito vía crowdfunding.
¿En qué situación se encuentra la justicia española en relación a este tipo de demandas en las que se ven afectadas varias personas?
En España, la acción colectiva en materia de consumo se reconoció tarde y con una deficiente regulación. Aun así las posibilidades que ofrece nuestro ordenamiento jurídico son enormes. Y esto no es sólo ventajoso para los consumidores en sentido estricto, sino para el conjunto de la sociedad y de la Administración de Justicia. Las acciones colectivas –o como nos gusta decir, las demandas colaborativas– permiten agilizar el funcionamiento de la Justicia. Actualmente la Justicia está colapsada por reclamaciones individuales que son exactamente iguales. Todos usan formularios: los abogados en sus demandas y los jueces en sus sentencias. A veces se dan situaciones verdaderamente cómicas porque los formularios ni siquiera se rellenan bien y bailan los nombres y las cifras. Como los Juzgados están saturados por casos individuales, tampoco tienen los medios necesarios para tramitar bien los casos colectivos: es un círculo vicioso. Pero es obvio que las acciones colectivas sirven para agilizar la Justicia.
[pull_quote_right]Hay un caso muy cercano y que nos gustaría llevar especialmente: el de los miles de estudiantes universitarios que fueron engañados con los préstamos renta[/pull_quote_right]
Al parecer, las acciones legales en grupo apenas se han llevado a cabo en la Justicia española. ¿A qué ha sido debido?
Hay muchos factores. En primer lugar, la mentalidad mercantilista de los abogados y, lo que es peor, de algunas asociaciones. Si pueden ganar, por ejemplo, 3.000 euros por un pleito individual, carecen de incentivos para cobrar 50 euros a cada uno y hacer un único proceso. Es el problema de someter una profesión como la abogacía, que debería priorizar los derechos de las personas, cada vez más al ánimo de lucro y, también, de no controlar a quien formalmente carece de ánimo de lucro, claro. Luego hay Juzgados que ponen trabas a los procedimientos colectivos porque están saturados con los individuales y uno colectivo les supone más trabajo aún. Una mentalidad cortoplacista que es contraproducente, porque a la larga tendrán más trabajo. Y, finalmente, ha habido un grave desconocimiento y desinterés en la comunidad jurídica: no nos olvidemos de que hemos vivido una época muy individualista. El auge del consumo colaborativo es reciente y supone una reacción a la sociofobia que tanto mal ha causado.
¿Qué tipo de acciones judiciales pueden realizarse de forma colectiva?
En cuanto a los derechos de los consumidores, existen las acciones colectivas de las asociaciones de consumidores y de los grupos de afectados. Estas últimas revisten un gran potencial, porque están acompañadas de instrumentos, como las diligencias preliminares y el llamamiento, que permiten presentar demandas muy numerosas. Pero hay muchos otros ámbitos que admiten un enfoque legal colaborativo: publicidad ilícita, competencia desleal, los derechos laborales, la protección del medio ambiente, el urbanismo, la transparencia, las deudas de las Administraciones, las denuncias o la acción popular en el Derecho penal, entre otros. Con amplitud de miras, mucho estudio y creatividad casi todo en la Justicia admite un enfoque colaborativo.
[pull_quote_left]El consumo legal colaborativo puede poner en jaque a la banca. Es una herramienta muy poderosa si se gestiona con inteligencia y compromiso social[/pull_quote_left]
Parece ser que los casos en los que más están implicados grupos de personas tienen relación con entidades bancarias. ¿Esto es así?
Sí, por razones evidentes. Los bancos han cometido todo tipo de tropelías y han fallado todos los controles. Es difícil encontrar a algún ciudadano de a pie que no haya sufrido un abuso bancario: preferentes, desahucios, cláusulas abusivas, comisiones ilegales, entre otros asuntos. La mayoría de fraudes son colectivos y afectan a millones de personas. La Plataforma de Afectados por las Hipotecas puso a los bancos en el punto de mira y cambió la agenda pública. Pero la batalla judicial no ha hecho más que empezar. Por ejemplo, si todas las personas afectadas recurrieran al consumo legal colaborativo mañana terminarían los desahucios. Y en ello estamos.
¿Conoces algún caso judicial cercano que afecte a varias personas?
Hay muchos casos colectivos en potencia que vemos en nuestro entorno, sólo hay que salir a la calle con los ojos abiertos o leer la prensa para detectarlos. Pero sí que hay un caso muy cercano y que nos gustaría llevar especialmente: el de los miles de estudiantes universitarios que fueron engañados con los préstamos renta. Poner nuestra maquinaria colaborativa al servicio de una causa generacional tan justa y poder ayudar a nuestros amigos nos motiva especialmente. Además es ejemplar cómo se está organizando la Plataforma de Afectados. Con su lucha, honestidad y funcionamiento democrático ya están dando una lección a quienes les estafaron.
[pull_quote_right]El consumo legal colaborativo lo inventó Eduardo Inda[/pull_quote_right]
¿Qué ocurre si los demandantes no se ponen de acuerdo en quien debe ser el abogado que les represente?
Demandamos cuenta con abogados expertos que llevan los procedimientos, pero también ofrecemos la posibilidad de poner nuestro dispositivo colaborativo (web y asesoramiento) al servicio de otros abogados. Tenemos muy claro que somos una herramienta, no un fin. No queremos sustituir ni anular a plataformas de afectados que ya tienen una organización o unos profesionales de confianza. Queremos que las personas y los colectivos tengan todo el protagonismo que deseen. La causa está por encima del beneficio y nuestra función principal es aportar un valor añadido: el enfoque legal colaborativo.
¿Qué casos concretos conocidos pudieron o incluso pueden resolverse a través de la abogacía colaborativa?
No todo se ha hecho mal en materia de Justicia colectiva. Hay algunos casos que las asociaciones de consumidores resolvieron correctamente con acciones colectivas. Por ejemplo, con las cláusulas suelo que los bancos incorporaron en los préstamos hipotecarios hay precedentes de éxito judicial, que puede ser aún mayor en los próximos meses. En estos casos se ha hecho una incipiente abogacía colaborativa, sin conciencia de ello. Nosotros queremos ir más allá y exprimir todo el potencial de la abogacía colaborativa.
¿Podrías avanzar alguna acción judicial que se vaya a llevar a cabo de forma conjunta próximamente?
Tenemos una acción judicial en marcha que nos ilusiona porque es completamente original. Estamos impugnando el Método 365/360, una fórmula abusiva de cálculo de intereses que Unicaja aplica en todos sus préstamos hipotecarios. Cada persona paga por culpa de este fraude unos 2.000 euros. ¡Y hay cientos de miles de clientes! Solicitamos diligencias preliminares para que todos pudieran demandar conjuntamente. Y así será: ahora todas las personas pueden demandar de forma colaborativa. Además, decidimos que las personas que están en riesgo de desahucio pueden demandar completamente gratis, con lo que lograrán evitar el desahucio al menos hasta que termine el procedimiento. El consumo legal colaborativo puede poner en jaque a la banca. Es una herramienta muy poderosa si se gestiona con inteligencia y compromiso social.
[pull_quote_left]No nos mueve el éxito económico; nos estimula más la posibilidad de demostrar que la innovación social puede mejorar la vida de la gente[/pull_quote_left]
Suele ocurrir que las iniciativas innovadoras de cualquier ámbito suelen tardar en tener un hueco en España. ¿En qué medida consideráis que pueda haber interés en financiar una demanda colectiva a través de crowdfunding?
No tenemos prisa. Hay algo que tenemos claro: sabemos que hay una grave brecha digital y que nuestro público destinatario lo conforman sectores digitalizados e informados de la sociedad. Una anécdota: cuando Podemos se querelló contra Eduardo Inda Demandamos estaba dando sus primeros pasos y lo seguimos muy atentamente: fue impresionante cómo la gente reaccionó para realizar pequeñas aportaciones y dar su merecido al periodista. En tres horas recaudaron más de 10.000 euros. En ese momento concluimos dos cosas: que el consumo legal colaborativo lo inventó Eduardo Inda y que nosotros íbamos por la dirección correcta. La toma de conciencia y las emociones son factores determinantes que auguran un buen futuro al consumo legal colaborativo. Si estamos aquí es porque hay una necesidad que tiene la gente en su vida cotidiana. Por ejemplo, no queremos dar muchas pistas, pero hay un campo que en el medio plazo queremos explorar y que la gente lo está deseando sin expresarlo: las eléctricas se están yendo de rositas pese a cometer todo tipo de abusos, y la energía es un bien de primera necesidad. ¡Hay numerosas demandas justas pidiendo demandantes colaborativos!
¿Tenéis estipulado una cantidad aproximada de demandas judiciales conjuntas que se llevarán a cabo en los próximos meses?
Un buen ritmo para llevar un crecimiento sostenible y compatible con nuestras exigencias de calidad es un macropleito colaborativo cada trimestre. Quizá sea una de los aspectos más difíciles del proyecto: seleccionar adecuadamente los casos, saber decir no, gestionar los tiempos y encauzar correctamente las buenas ideas. No nos mueve el éxito económico; nos estimula más la posibilidad de demostrar que la innovación social puede mejorar la vida de la gente.
